Preservar al IFE sin perder el 2012

Preservar al IFE sin perder el 2012

Por Víctor Alarcón Olguín

El proceso de selección de consejeros del IFE llevado a cabo por la Cámara de Diputados para cubrir las tres vacantes que dejarán a finales del mes de octubre de 2010 ha mostrado hasta el momento un desarrollo conforme a las reglas. Los candidatos que nos registramos al proceso hasta ahora hemos comparecido ante la Comisión de Gobernación, para exponer los argumentos e ideas incluidas en el ensayo solicitado en 5 minutos, para luego pasar a responder preguntas elaboradas por diputados pertenecientes a cada una de las bancadas parlamentarias, con excepción de los partidos Convergencia y Nueva Alianza, quienes han permanecido ausentes durante las extenuantes jornadas encabezadas por el presidente de dicha Comisión, Javier Corral, integrante de la bancada del PAN, así como por los diputados y diputadas que han sobrellevado el peso central del proceso. Dos posturas se han revelado en el proceso: una que abiertamente orienta hacia culminar una nominación basada conforme al criterio numérico actual de las bancadas al interior del Congreso, lo cual asumiría que el PRI tendría derecho a designar 2 espacios y un tercero correspondería al PAN, o bien como se menciona no sin cierta sorna en los pasillos de San Lázaro, se podría nombrar un “consejero de coalición”, en alusión a los contactos del panismo con el PRD. La segunda postura, también manifestada formalmente entre los legisladores, sería la de atender lo más posible a un criterio de calidad y mérito como base para distinguir primero a los mejores candidatos, para posteriormente pasar a la inevitable evaluación política, si bien garantizando por lo menos que los partidos hayan logrado identificar a candidatos idóneos que puedan incorporarse a un grupo de consejeros que poseen ya un cierto grado de integración en sus actividades desde hace 2 años.

Los críticas expresadas en los medios han sido diversas: que hay dados cargados, que ya había preselección e invitaciones para candidatos “vip” por parte de los liderazgos partidarios; pero al mismo tiempo que hay consigna para vetar y excluir a ese tipo de candidatos, o que las actividades de cabildeo por parte de los aspirantes no se han controlado suficientemente pese a la prohibición formal de hacerlas conforme a lo establecido en la convocatoria. Pero salvo casos muy aislados, cabe decirlo puntualmente, en esta ocasión los representantes de los partidos se ajustaron a preguntar sólo las cuestiones técnicas asociadas con los materiales presentados, de acuerdo a lo establecido por las reglas del proceso. Hasta ahora, se puede decir que el guión ha caminado conforme a lo previsto. Habrá que esperar lo que sigue a partir del martes 26, cuando la Comisión de Gobernación sesionará para filtrar de manera abierta a los aspirantes que hayan logrado tener las mejores calificaciones a juicio de los propios diputados. Sin duda, será muy interesante ver (cosa que no ocurrió en convocatorias anteriores) como los diputados puedan analizar y transparentar de cara a la sociedad los criterios y elementos de juicio que los lleven a sustentar sus preferencias, mismas que pasarán a manos de la Junta de Coordinación Política, la cual procesará la propuesta final que deberá presentarse al Pleno de la Cámara para que ésta sea votada antes del domingo 31 de octubre por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión con al menos la asistencia mínima de 251 diputados  Esto haría que sólo se necesitasen 166 votos para poder aprobar la designación, por lo que los coordinadores parlamentarios deberán tener los teléfonos de los legisladores muy a la mano para que estén presentes al momento de votar. Lo usual es pensar que se necesitan al menos 330 diputados en caso de que todos los 500 diputados estuvieran en la sesión, para así cumplir dicho requisito de mayoría calificada. El parámetro de votación sería entonces 166 con 251 (quórum mínimo) y 330 con 500 (asistencia total de miembros). Veamos qué escenarios de votación pudieran darse con base al peso que poseen los grupos parlamentarios. Los datos que se exponen a continuación indican la composición de la Cámara al día viernes 22 de octubre de 2010:

PRI 239

PAN 142

PRD 68

PVEM 21

PT 13

Convergencia 8

NA 7

Independientes 2

El PRI no podría aprobar por si sólo la propuesta en virtud de que no tiene los diputados suficientes para instalar una sesión de la Cámara, necesitando así al menos otro partido para hacerlo. Si se aliara con al menos 12 diputados del PVEM (hasta hoy su aliado parlamentario natural), estos dos partidos podrían tener el quórum de instalación en el caso de que todos los partidos decidieran salirse del recinto en aras de boicotear la sesión y podrían aprobar la propuesta sin dificultad alguna. Con la totalidad del PVEM presente tendrían 260 votos, mismo que valdría para validar el dictamen hasta con un quórum de 394 diputados; el cual representaría a un bloque contrario de 134 diputados. Si el PRI acordara con el PAN, suponiendo que todos votaran al unísono, formarían un bloque de 381 legisladores, imposible de ser bloqueado dado el quórum de mayoría calificada ya mencionado de 330. En todo caso, se necesitarían a 91 diputados de la bancada albiazul para llegar a ese número. Si se llegase a un acuerdo directo con un PRD unificado tendrían 307 diputados, lo cual implicaría resistir una oposición de hasta 158 legisladores para tener las dos terceras partes de diputados presentes. Este dato es importante señalarlo, porque entonces a la bancada del PAN no le alcanzaría por si sólo bloquearlo, a menos que se asociara con el PVEM, o forjara una alianza con los 3 partidos minoritarios restantes (Convergencia, Nueva Alianza y el PT). Finalmente, otro cálculo que podría dar un escenario aprobatorio es que el PRI se juntara con el PT, en tanto junto con éste también podría formar quórum de instalación con 252 diputados, pero evidentemente también se daría una situación muy parecida a la mencionada en el caso del PVEM.

En el escenario opuesto, que supusiera intentar una aprobación de la propuesta sin el PRI, ésta sólo se podría dar al formarse un quórum de instalación de 251 diputados con la suma de todos los grupos parlamentarios, que podrían totalizar hasta un máximo de 261, pudiendo resistir así un quórum de votación de hasta 395, esto es, que sólo hubieran 134 priístas en el recinto. Más allá de estos cálculos, que me permito compartir en un afán por examinar una de las aristas que no se debe descuidar en este tipo de procesos, lo que está en juego es la preservación de la legitimidad del IFE como institución pública, autónoma y confiable para los mexicanos. No es recomendable que los partidos políticos insistan en repetir decisiones como las de 2003, ni tampoco las incertidumbres y dudas abiertas por los procesos de 2007 y 2008, mismos que se fueron desdibujando al mostrar criterios de asignación claramente centrados en cuotas y vínculos tanto personales como laborales con actores prominentes de los partidos, mismos que dejaron de lado los méritos al entrar en la fase de filtración dentro de la Comisión de Gobernación y la negociación final en la Junta de Coordinación Política.

Pese a la menor cantidad de aspirantes que participan en esta convocatoria (sin duda producto de las reticencias y desconfianzas acumuladas en el seno de la opinión pública y los propios partidos), el presente proceso arroja lecciones muy importantes para seguir mejorándolo en la búsqueda de mecanismos más confiables en el futuro, no sólo para el IFE, sino para los organismos autónomos en general, tales como una evaluación de aspirantes por expertos internacionales de reconocido prestigio y enterados de las características del sistema electoral mexicano, que harían por separado las evaluaciones curriculares y de conocimiento técnico en una primera etapa, para luego pasar sus resultados a los grupos parlamentarios, para así tener derecho a la fase de entrevista directa y pública con la directiva de la Comisión legislativa correspondiente, la cual se concentraría en analizar los elementos de capacidad administrativa y confianza política que tampoco se pueden soslayar en procesos como éstos. La decisión que se tiene enfrente implica marcar con claridad el rumbo y condiciones con que el IFE pueda afrontar con responsabilidad técnica y probidad ético-profesional los desafíos políticos del año 2012. Esto es lo que se juega de cara al futuro de la democracia mexicana. Nunca hay decisiones perfectas que dejen contentos a todos, pero al menos se puede aspirar a conocer los criterios que permitan entender los acuerdos logrados y como éstos se pensaron para mejorar a la institución y su vínculo con la ciudadanía, más que sólo pensar en la protección de sus respectivos intereses.

El IFE se ha convertido en una compleja maquinaria de instrumentos organizativos, fiscalizadores y sancionadores. De esto hay que estar conscientes, más allá de las aspiraciones u expectativas personales. Seleccionar adecuadamente a quienes tendrán que sumarse a la estructura que se responsabilizará de celebrar los comicios del 2012  es el reto que los legisladores ahora tienen sobre la mesa. Los participantes ya hicimos nuestro trabajo. La Nación es ahora quien espera su mensaje y decisión.

Después del 4 de julio: ¿Adiós a las reformas?

Después del 4 de julio: ¿Adiós a las reformas?

Por Víctor Alarcón Olguín

Al margen de los números finales arrojados por la contienda electoral del presente año, el nivel de confianza en el sistema de partidos sale con un saldo muy negativo y el cual nos perjudica a los ciudadanos en su conjunto: asesinatos y desapariciones, campañas negativas, uso discrecional de la ley para sembrar delitos o sacarlos a relucir en plena contienda en caso de que los opositores se pongan incómodos; espionaje, pelea y desconocimiento entre las propias instituciones. Y a lo anterior cabe sumar la descomposición del entorno social con el ascenso del crimen organizado, lo que ciertamente ha venido a convertirse en un problema toral y cuya consecuencia más inmediata sea provocar la caída de los esfuerzos de reforma política abiertos en esta segunda parte del sexenio.

Pero esta no es la única explicación a la que se le pueda achacar todo lo malo que nos pasa. La clase política no ha sabido ni ha querido modificar sus hábitos. El clientelismo no se fue y por el contrario, se mostró renovado y sin disimulo en estas elecciones estatales. Panistas, perredistas y priístas desplegaron lo mejor del repertorio de artilugios y acusaciones mutuas en el uso indebido de los recursos públicos. Las autoridades electorales y penales han acumularon un volumen de trabajo y presiones que incluso provocaron la renuncia de la titular de la FEPADE.

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Status quo vs. reformas al Congreso en México

Status quo vs. reformas al Congreso en México

Por Javier Aparicio y Javier Márquez

Entre las diversas iniciativas de refoma política destacan varias propuestas para modificar el sistema electoral y la composición de la Cámara de Diputados en México. Esta figura resume los efectos de cada una de las iniciativas de reforma política de las principales partidos, considerando dos dimensiones de interés en política comparada: el número efectivo de partidos y el índice de desproporcionalidad de Gallagher.

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Víctor Alarcón Olguín
Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-IZT), Maestro en Gobierno y Estudio Internaciónales por la Universidad de Notre Dame.

Javier Aparicio
Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Doctor en Economía por la George Mason University.

Gabriel Negretto
Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia.

Alberto J. Olvera
Investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Doctor en Sociología por la New School for Social Research.

Jorge Javier Romero
Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-XOCH), Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid
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